Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como “La Rana” y señalado como miembro de Los Zetas implicado en el ataque incendiario al Casino Royale de Monterrey, obtuvo su liberación tras cumplir una sentencia de 15 años por delitos de delincuencia organizada y secuestro. Este ataque, sucedido en agosto de 2011, provocó la muerte de 52 personas.

Montoya Chávez salió del Centro Federal de Readaptación Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, luego de que un juez ordenara su libertad en el marco de la causa penal 162/2011. Esta misma resolución favoreció a José Alberto Loera Rodríguez, apodado “El Voltaje”, quien sin embargo sigue preso por otros procesos legales pendientes.

La liberación ha provocado malestar entre los familiares de las víctimas, quienes criticaron la falta de información oportuna sobre la situación legal de los involucrados y demandaron mayor transparencia a las autoridades.

Samara Pérez Muñiz, madre de una víctima y portavoz del colectivo 52+2, calificó la liberación como lamentable y comentó que las familias buscan entablar contacto con autoridades federales para entender el alcance de la decisión judicial y solicitar medidas de protección.

Según los registros, ambos individuos recibieron una condena de 15 años por delincuencia organizada y secuestro en el expediente mencionado. La orden de libertad solo aplica para ese caso, por lo que la situación legal de cada uno depende de otros procesos pendientes.

El ataque al Casino Royale que conmocionó a México

El 25 de agosto de 2011, un grupo de Los Zetas prendió fuego al Casino Royale en Monterrey, Nuevo León. Los agresores esparcieron combustible dentro del lugar y lo incendiaron, causando una tragedia que dejó 52 muertos, incluyendo dos mujeres embarazadas.

Las investigaciones vincularon el atentado a una represalia del grupo criminal debido a que el casino se negó a pagar una extorsión. Este incendio se considera uno de los episodios más graves de violencia contra civiles en Nuevo León durante la lucha contra el crimen organizado.

A más de 15 años de ocurrido el suceso, la liberación de Montoya Chávez ha reavivado las demandas de justicia por parte de las familias, quienes exigen información clara sobre las decisiones judiciales y garantías para su protección.