El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, admitió que se utilizó fuerza excesiva y se realizaron detenciones injustificadas durante la protesta del domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde habitantes manifestaron su descontento por la mala calidad del agua que reciben en sus domicilios. El funcionario reconoció que la intervención policial tuvo serias deficiencias y que la situación se desbordó.

Después de analizar numerosos videos de lo acontecido frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, Lemus aceptó que algunos agentes de seguridad excedieron su autoridad durante la manifestación. También reconoció que los manifestantes no debieron ser dispersados con chorros de agua ni con gas.

El mandatario informó que todas las personas arrestadas durante la protesta fueron liberadas. Según los informes, 39 individuos fueron detenidos tras los disturbios, en una manifestación que surgió por el malestar social ante el suministro de agua turbia, con olores desagradables y posibles signos de contaminación.

Lemus anunció que se llevará a cabo una investigación interna para esclarecer los hechos y definir las sanciones correspondientes hacia los policías implicados. Este proceso contará con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el fin de establecer responsabilidades y asegurar la reparación del daño a los afectados.

El reconocimiento del gobernador se dio luego de las críticas por las detenciones y la actuación policial, así como por las denuncias de familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos respecto al trato recibido por los manifestantes. Además, el caso generó presión política para que las autoridades estatales aclararan los sucesos.

Asimismo, el gobernador afirmó que los abusos cometidos por los agentes no quedarán impunes y afirmó que su administración debe asegurar que episodios similares no se repitan. La investigación deberá determinar el nivel de responsabilidad de cada policía involucrado.

En medio de la polémica, Lemus defendió también el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y desmintió que esta iniciativa implique la privatización del servicio de agua potable, la contratación de deuda pública o el aumento de tarifas para los usuarios.