Imponen condena de 50 años de cárcel a “El Mochaorejas” tras casi 30 años de proceso legal
Daniel Arizmendi López, más conocido como “El Mochaorejas”, fue sentenciado a 50 años de cárcel por delitos relacionados con la delincuencia organizada, tras un proceso judicial que duró casi 29 años. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la sentencia este domingo 8 de noviembre, informando que Arizmendi fue declarado penalmente responsable […]
Redacción
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Daniel Arizmendi López, más conocido como “El Mochaorejas”, fue sentenciado a 50 años de cárcel por delitos relacionados con la delincuencia organizada, tras un proceso judicial que duró casi 29 años. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la sentencia este domingo 8 de noviembre, informando que Arizmendi fue declarado penalmente responsable de delincuencia organizada, manejo de recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas.
Además del tiempo en prisión, el juez le impuso una multa de 916 mil 312 pesos con 50 centavos.@Condenan también a dos integrantes de su organizaciónEn el mismo proceso judicial, Daniel “V” recibió una pena de 22 años de prisión y una sanción económica superior a los cuatro millones de pesos, mientras que Dulce “N” fue sentenciada a 16 años de prisión y al pago de más de 280 mil pesos.
No obstante, las autoridades determinaron que las penas de ambos ya se encuentran cumplidas. Sin embargo, continuarán en prisión debido a que enfrentan otros procesos legales.
Un caso que inició en 1998El procedimiento contra Arizmendi comenzó en junio de 1998, cuando el Ministerio Público Federal inició acción penal contra miembros de una organización criminal dedicada principalmente al secuestro, con operaciones en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.
El 30 de junio de ese año, Daniel Arizmendi fue capturado y trasladado al Reclusorio Sur. Posteriormente, el 21 de agosto de 1998, otros integrantes de la banda fueron arrestados.
El 21 de agosto de 2003, un juez emitió la primera sentencia condenatoria contra los implicados. Sin embargo, tras la interposición de juicios de amparo, la justicia federal ordenó reponer el procedimiento, lo que extendió el litigio por más de veinte años.