Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, estuvo al frente de la inauguración del nuevo Hospital General del IMSS Bienestar en Jiutepec, Morelos, un proyecto que significó una inversión de 715 millones de pesos y que ofrecerá atención médica a más de 200 mil residentes de la zona.
En el evento de apertura, la presidenta afirmó que el acceso a la salud debe ser un derecho garantizado y no un privilegio que dependa de la situación económica de las personas.
“¿Por qué lo hacemos? Porque concebimos que el acceso a la salud es un derecho. Nosotros creemos que si a alguien no le alcanza para un medicamento, entonces la salud se convierte en un privilegio. El gobierno tiene una obligación y es darle salud a todas y todos los mexicanos, la mejor atención posible”, manifestó.
El hospital recién inaugurado dispone de 66 camas, 18 consultorios, tres quirófanos y un quirófano inteligente, características que lo posicionan como una unidad de mediana complejidad capaz de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos especializados. Esta infraestructura tiene como objetivo mejorar la atención médica pública en la zona metropolitana de Cuernavaca, especialmente en Jiutepec, que es uno de los municipios con mayor densidad industrial y poblacional en Morelos.
En el marco del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, Sheinbaum recordó que se han completado 29 hospitales en diversas entidades del país. Asimismo, el programa incluye la edificación de infraestructura adicional que añadirá 9 mil 139 camas al sistema de salud pública.
El IMSS Bienestar, que se encarga de proporcionar atención a personas sin seguridad social, es parte de la estrategia federal para extender la cobertura médica gratuita. En este sentido, el hospital de Jiutepec fortalecerá la red de atención existente en Morelos, donde la demanda de servicios de salud pública sigue siendo alta debido a la densidad poblacional de la región.
La presidenta enfatizó que la edificación de hospitales y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria son una obligación del Estado y no una concesión política, subrayando que garantizar servicios médicos dignos es una responsabilidad pública esencial.
