Querido lector: hoy te relato acerca de nuestro Insurgente. Lo denomino así porque conecta Zinacantepec, en el Estado de México, con una de las zonas neurálgicas de la capital: Observatorio. En aproximadamente una hora enlaza dos valles y puede ahorrar hasta hora y media en comparación con un trayecto de dos horas y media. Para quienes somos originarios de Álvaro Obregón, esos minutos también forman parte de nuestra rutina diaria.
Sus cerca de 58 kilómetros y siete estaciones acercan hogares, escuelas y lugares de trabajo. Desde Observatorio se puede continuar por la Línea 1 del Metro, tomar el RTP y otras rutas de transporte público, o llegar a la Terminal Poniente para viajar fuera de la ciudad. Santa Fe y Vasco de Quiroga completan un enlace estratégico para el poniente de la capital.
La envergadura de la ingeniería merece reconocimiento: aproximadamente el 86 % del trayecto está elevado. Viaductos, túneles y un puente atirantado de 515 metros permiten salvar desniveles y obstáculos. Sin embargo, la complejidad técnica no justifica por sí sola una espera que atravesó tres administraciones federales.
La construcción inició en julio de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se había anunciado que entraría en operación en diciembre de 2017. Andrés Manuel López Obrador inauguró las etapas hacia Lerma y Santa Fe, pero dejó pendiente el tramo hacia Observatorio. Claudia Sheinbaum inauguró el tramo final el 2 de febrero de 2026: once años y siete meses después del inicio y más de ocho años después de la fecha inicialmente prometida.
El presupuesto también sufrió modificaciones. La SCT anunció inicialmente 38 mil millones de pesos; el Programa Nacional de Infraestructura contemplaba 38 mil 608 millones. Para 2018, la cifra ascendía a 59 mil 216 millones. En la apertura de 2026, el Ejecutivo mencionó alrededor de 100 mil millones, mientras que un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 2025 consignaba 140 mil 134.8 millones como inversión total registrada. Son cifras que deben conciliarse y no confundirse con el gasto realmente desembolsado.
Los retrasos tuvieron múltiples causas: derechos de vía sin resolver, desacuerdos con comunidades y ejidatarios, amparos, bloqueos, modificaciones de trazo y dificultades administrativas. Una investigación académica basada en auditorías de la ASF documentó 64 convenios modificatorios para nueve contratos entre 2014 y 2021. No prueban corrupción por sí solos, pero sí obligan a cuestionar cómo se planeó y supervisó la obra.
En 2024, el gobierno de la Ciudad reconoció que la caída de una lanzadora y problemas sociales alteraron los calendarios hacia Observatorio. Mientras tanto, vecinos como yo hemos vivido cierres, desvíos y vialidades intervenidas: el costo de una obra también se mide en los años que altera la vida cotidiana.
Nuestro Insurgente representa una oportunidad de movilidad que vale la pena aprovechar. Reconocerlo no elimina la demanda de cuentas claras. Una obra pública debe evaluarse por el tiempo que devuelve a las personas, por su seguridad y por la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Tras tantas promesas, los vecinos merecemos que conectar territorios también implique cumplir. La inauguración debe dar paso a una etapa de servicio confiable, mantenimiento adecuado y rendición de cuentas transparentes.
