La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que impone la nacionalidad mexicana única como requisito indispensable para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esta reforma fue aprobada con anterioridad por el Senado, la Cámara de Diputados y 22 congresos estatales.
Con esta reforma constitucional, las personas que posean otra nacionalidad deberán renunciar a ésta antes de inscribirse como candidatas o candidatos a alguno de dichos cargos. La finalidad es asegurar que quienes lideren los gobiernos federal y estatales prioricen el interés y la soberanía de México.
El decreto también estipula que quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el desempeño de sus funciones, ni podrán invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad diferente a la mexicana.
Además, se restringirá el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros países, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y la posibilidad de solicitar protección diplomática de naciones distintas.
La reforma modifica artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, que establecen los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Según el Gobierno de México, esta medida busca robustecer la soberanía nacional y prevenir posibles conflictos de interés o influencias extranjeras en quienes desempeñen los cargos principales del Poder Ejecutivo.
La nueva norma entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2028, tal como explicó con anterioridad la Consejería Jurídica de la Presidencia. Esto implica que no afectará las reglas de los procesos electorales actualmente en curso.
Con la promulgación de este decreto, el Gobierno federal formaliza una reforma que impone la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a liderar el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales y de la Ciudad de México.
